El anuncio del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, sobre la indicación sustitutiva que el Ejecutivo presentará al proyecto de ley que reforma el actual Código de Aguas -impulsada durante la anterior administración de Michelle Bachelet- para ratificar la entrega de derechos a “perpetuidad” a privados, tal como hoy día lo establece la legislación que data de tiempos de la dictadura, ha puesto en alerta a las organizaciones ambientales.
La decisión del gobierno no ha pasado desapercibida y el mismo lunes, Fontaine salió a matizar sus declaraciones y precisó que su idea es mantener el mismo régimen actual de derechos indefinidos, pero que ahora, a su juicio, se deberá cobrar a través de un sistema de licitación a quien solicite una nueva autorización a la Dirección General de Aguas (DGA). Luego, apareció el ministro de Agricultura, Antonio Walker, a defender la indicación sustitutiva y criticó el proyecto de la administración Bachelet, cuya tramitación quedó paralizada en el Senado con llegada del nuevo gobierno.
Este martes, Fontaine insistió en las bondades de su indicación en una entrevista en Radio Duna: “Para efectos de asegurar que el agua se use bien es importante que los derechos sean de duración indefinida y no se les ponga un plazo fijo”, dijo.
En pleno debate sobre cómo enfrentar la privatización del agua en Chile, El Desconcierto conversó con tres dirigentes ambientales para conocer la opinión sobre las intenciones del ministro Fontaine y qué hay que esperar a partir de ahora.
Sara Larraín, directora de Chile sustentable
/ Juan Carlos Recabal Diaz
Lo preocupante del mensaje de dar certezas a la propiedad es que seguimos con el mismo sistema: propietarista y en el que los nuevos derechos se licitan o van a remate, por lo tanto, los sectores sin recursos no pueden participar ni en las licitaciones ni en los remates. No entrega elementos para que el Estado pueda recuperar la soberanía de los chilenos sobre el agua. Es muy evidente que estamos en una crisis por la concentración de la propiedad del agua. Si seguimos así, secaremos la Laguna Aculeo, el Lago Rapel, el Bío Bío… Es una locura el régimen en el que estamos.
En 2011, cuando empezó la crisis del agua, se logró por la presión ciudadana, que el gobierno de Bachelet patrocinara un proyecto de ley que, si bien no es todo lo que queremos, que es una reforma que va en la dirección correcta de lo que requieren las políticas de agua en Chile. El gobierno está desde agosto-septiembre ofreciendo indicaciones, pero todavía se puede consultar el texto de la indicación. La reforma era un tremendo avance en relación al Código anterior porque establece el derecho humano al agua y al saneamiento y el deber del Estado a asegurar el ejercicio de este derecho. Segundo, establece usos prioritarios, que en Chile no existían. Y eso permitía que Minera Candelaria, por ejemplo, en Copiapó, no tenga que reducir ni una tonelada de producción, pero la ciudad de Copiapó puede tener racionamiento de agua. La primera prioridad de usos es el agua potable y saneamiento; la segunda, las actividades de subsistencia (campesina, producción de alimento); la tercera, la protección de las fuentes subterráneas y superficiales para asegurar que los lagos y ríos no se sequen y, finalmente, viene el agua para fines de lucro. Otro punto importante del proyecto es que asegura que el Estado tiene el derecho a establecer reservas de agua para uso humano y conservación ambiental.
Finalmente, si bien no se logró eliminar los derechos perpetuos o indefinidos, se logró establecer que los nuevos derechos solicitados por los privados sean entregados como aprovechamiento vía concesiones temporales por hasta 30 años. Esperamos que la oposición se ponga las pilas y se pueda recuperar la parte sustantiva del proyecto que tenemos, que no es todo lo que queríamos, pero es un tremendo avance en relación al marco jurídico de hoy.
Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima)
/ Modatima
El gobierno de Piñera es coherente con lo que planteó en su campaña presidencial. Él dio certezas jurídicas de que la propiedad privada del agua no se va a tocar y, a propósito de eso, el ministro Fontaine confirma que el interés del gobierno en materia de agua es bursátil. Hablar de perpetuidad o de mantener los derechos de la propiedad del agua como indefinidos significa lo mismo. Hay un elemento importante que no se ha destacado: en el proyecto se contempla la conformación de un panel de cinco expertos que son los que, en la práctica, van a visar las regulaciones que en materia de agua tiene que realizar la DGA. Esos expertos podrán autorizar a la DGA a implementar acuíferos en zonas de restricción, en zonas de café o en zonas de provisión.
Otro elemento es que el gobierno va a rematar o licitar las aguas que quedan, es decir, va a negociar con las aguas a costa del modelo de gestión de nuestro país. El compromiso de Piñera en materia de agua es cero. Le manda un mensaje a la banca diciéndole que el agua se va a mantener privatizada y que será un recurso susceptible de trasformarse en garantías cada vez que los ricos quieran intermediar recursos o créditos de garantía a costa del agua. El gobierno está comprometido con el agua como bien de capital y no como derecho humano. El proyecto de ley de Bachelet no tocaba la gratuidad ni la perpetuidad del 90% del agua que en ese momento estaba ya entregada. En la práctica, siempre estuvo consensuado con el Consejo Minero y con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), cuyas presiones lograron bajarle la urgencia a la tramitación.
Juan Pablo Schuster, Fundación Newenko
/ Youtube
Desde la sociedad civil, no tenemos el conocimiento acabado de la indicación sustitutiva que se va a presentar, no hemos visto algo concreto aún. Sin embargo, llama la atención que se quiera mantener la perpetuidad de los derechos de aprovechamiento de agua, situación que bajo el Código actual ya existe. El ministro habla de que hoy otorga los derechos de aprovechamiento a perpetuidad y los mecanismos de licitación o remate que quiere proponer son complicados para los pequeños agricultores y [proveedores de] agua potable rural que abastecen a colegios y vecinos y vecinas del sector con fines de consumo humano. Será difícil para ellos acceder y competir para esos derechos con las actividades que sí producen beneficio económico.
En 2010 la ONU declaró el agua como un derecho humano y destaca un elemento del derecho humano al agua que es la accesibilidad y, en particular, hace una discriminación positiva para aquellos grupos –mujeres, comunidades indígenas, niños– que no tienen agua. La propuesta es similar a lo que tenemos hoy y de reforma tiene poco. Existe un problema de foco ya que no encontramos mecanismos concretos para enfrentar la situación de escasez hídrica en un contexto de cambio climático como el que vivimos. Además, la institucionalidad para hacer gestión de agua es bastante limitada y el enfoque es seguir manteniendo el Código bajo los instrumento que ya tenemos, sin avanzar hacia un estándar de derechos humanos. Esta reforma viene a perpetuar lo que ya tenemos. ¿Cómo vamos a garantizar el derecho humano al agua y priorizar el consumo humano del agua si los derechos son perpetuos? ¿Qué pasa con las localidades en La Araucanía y el Bío Bío, donde se abastecen desde hace 20 años con camiones de aljibe? ¿Cómo enfrentaremos los problemas de abastecimiento?
29/01/2019
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