Por Pablo Aranda Valenzuela
Director Fundación Newenko
Señor director: En un país como Chile, privilegiado en fuentes naturales de agua, pero en que la escasez hídrica tiene a más de 400.000 familias sin acceso a agua segura (Greenpeace, 2020), en términos de calidad, cantidad y continuidad; en que más de la mitad de las comunas se encuentran bajo decretos de escasez (DGA, 2022), dada la sobreexplotación así como las prolongadas sequías que afectan nuestros ecosistemas a lo largo y ancho del país; Urgen cambios estructurales en el sistema de gestión y en la gobernanza del agua. Muchos vimos el proceso constituyente como una oportunidad de impulsar dichos cambios. Hoy más que nunca, debemos, de manera colectiva y con más energía, llevar adelante los cambios necesarios para avanzar hacia una gestión y gobernanza del agua más justa, equitativa y ecológica. No podemos darnos el lujo de seguir demorando cambios urgentes. La escasez hídrica y los impactos del cambio climático, asociados a eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, severos e impredecibles (Stevenson et al. 2022), sólo se agudizan cada año. Durante los últimos seis meses, en distintos países y continentes, se han producido eventos extremos. Por ejemplo, asociados a reducciones significativas de fuentes de agua, como es el caso europeo, o, por el contrario, inundaciones de casi el tercio de la superficie de un país, como acaba de ocurrir en Pakistán.
En este sentido, al momento de pensar en una hoja de ruta, resulta fundamental enfocarnos en dos aspectos. En primer término, regular los usos y fortalecer las atribuciones del Estado como guardián legal de este bien nacional de uso público, de manera de poder hacer efectiva la priorización del derecho humano al agua. Lo anterior, implica considerar al saneamiento y usos domésticos de subsistencia, así como garantizar la preservación de las fuentes naturales, ecosistemas y el desarrollo de actividades productivas de manera sustentable.
En segundo término, la construcción de una gobernanza del agua multinivel, que permita que los distintos niveles se comuniquen, interconecten y coordinen, bajo una institucionalidad y políticas públicas adecuadas, que establezcan reglas del juego claras y justas, que posibiliten que las decisiones sean coherentes y consistentes en todos los niveles del sistema, reduciendo la fragmentación regulatoria existente en la institucionalidad del agua vigente. En esa línea, es necesario volver la mirada hacia los territorios, teniendo como centro las necesidades de todos los actores y sectores, públicos y privados (ambiental, social, productivo, cultural), donde cada uno pueda ser parte, tanto en la construcción del conocimiento, como de las decisiones y soluciones que se generen en esas instancias, de manera transparente y participativa.
De esta forma, desde los territorios, es clave que el Estado incentive y acompañe el proceso de creación e implementación de consejos de cuenca y de una institucionalidad del agua adecuada a los desafíos de nuestros tiempos asociados a sequía y eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, severos e impredecibles. No cabe duda que esta nueva institucionalidad territorial debe considerar como actores centrales a los gobiernos regionales, con sus autoridades democráticamente electas, así como a las administraciones municipales, y a todos los actores del agua en los territorios, no sólo a quienes detentan derechos de aprovechamiento.
Publicada en CIPER
24/11/22
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