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SÍNTESIS PROPUESTAS DEL EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 7543-12, QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS1

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Sesión Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. 18/04/2017.

Con fecha 18 de abril de 2017, el Director General de Aguas, Carlos Estévez, presentó las Indicaciones del Ejecutivo al proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas a la Comisión especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado en el marco del segundo trámite constitucional del proyecto. Estas fueron agrupadas en cinco ejes de interés:

  1. La prioridad de uso para el consumo humano y el saneamiento, en relación con el artículo 5 bis:

  • Se sustituye el concepto de agua potable rural por servicio sanitario rural, compatibilizándolo con la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales.
  • Las aguas reservadas, podrán ser entregadas a prestadores de servicios sanitarios y, existiendo aguas disponibles, la administración tendrá la facultad de reservar aguas para usos de consumo humano y saneamiento.
  • Si el prestador fuese una concesionaria sanitaria, estas aguas (para el proceso de fijación de tarifas DFL N° 70 de 1988 del MOP) se considerarán como «aporte de terceros y tienen un coste igual a cero», es decir, no significarán un aumento en la boleta de los consumidores. A su vez, surge como obligación de los Servicios Sanitarios Rurales de informar a la Dirección General de Aguas cuando caven pozos para los usos de finalidad de subsistencia.
  1. Construyendo mayor seguridad jurídica:

  • Respecto del régimen (vigencia y duración) de los DAA constituidos con anterioridad a la vigencia de la reforma, se modifica el artículo 1° transitorio propuesto, por lo que seguirán siendo indefinidos en el tiempo (no tendrán una vigencia temporal de 30 años y no se les aplicará el artículo 6°). Los derechos (ya constituidos y nuevos) quedarán sujetos a las reglas de extinción por no uso y de caducidad por no inscripción, y se definirá un procedimiento que permita su aplicabilidad y aumente su publicidad.
  • Se modifica el Art. 2° Transitorio, referido al establecimiento de un plazo apropiado para inscribir y acreditar – bajo apercibimiento de caducidad - dicha inscripción de los derechos de aprovechamiento (ya constituidos al publicarse esta ley) en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, se establece un procedimiento que contiene dos plazos complementarios, asociados a hechos públicos y notorios, 15 meses desde la publicación de la ley para acreditar inscripción ante la Dirección General de Aguas y luego 9 meses contados desde una publicación de este Servicio del listado con todas las inscripciones de que la Dirección tendrá constancia, para que quienes allí no aparecen, acompañen copia de dominio vigente.
  • Cambio del vocablo “concesión” por “derecho de aprovechamiento”.
  • Para la renovación sucesiva de los derechos de aprovechamiento de carácter temporal, se elimina exigencia de cambio de uso espontáneo. También se propone la eliminación de la “revisión” de los nuevos derechos de aprovechamiento (por grave afectación del acuífero o de la fuente superficial) y de su obligatoriedad para los no consuntivos de más de 10 m3/seg.
  1. Fomento del Uso Eficiente de las aguas:

  • Respecto del cómputo de la extinción: Lo dispuesto en las letras e del artículo 129 bis 4 y d del artículo 129 bis (extinción por no uso), se aplicará a los DAA constituidos con anterioridad a la publicación de esta ley, a partir de su inclusión en el listado publicado al año siguiente de su entrada en vigencia.
  • Sobre las aguas del minero. Se elimina el inciso que propone que además del reconocimiento por el sólo mérito de la ley, se requiera una autorización del Servicio (carga de funciones y horas de trabajo) pero se mantiene la obligación de informar esas extracciones, las condiciones para poder ejercer el derecho y las facultades de la DGA si afectasen la sustentabilidad de la fuente natural.
  • Se incluye como causal de suspensión de la contabilización del plazo de extinción, los ajustes de la obra, diferenciándolo de un traslado propiamente tal, tratándose de una causal cuando el traslado sea una exigencia de la DGA.
  • Se plantea un aumento acotado del plazo de contabilización de la extinción del DAA. 5 años para consuntivos y 10 años para no consuntivos, tiempo que se contará desde la inclusión en el listado de patente por no uso.
  • Se establece que toda persona puede recargar artificialmente acuíferos, salvo afectación de aguas para consumo humano y normas de calidad.
  1. Protección de áreas de Importancia Ambiental y Patrimonial.

Se mantienen todas las normas de protección de glaciares, bofedales, humedales, turberas y exenciones para aprovechamientos «in situ». En materia de Caudal Ecológico Mínimo, se propone eliminar la facultad de aplicar el caudal ecológico sobre DAA constituidos en ecosistemas que el Ministerio de Medio Ambiente declare como amenazados o degradados o en sitios prioritarios y se sugiere implementar una nueva redacción para caudal ecológico en caso de traslados (en la resolución). Además, para el caudal ambiental se explicita un Permiso Ambiental Sectorial, para evitar una doble aplicación o superposición por aplicación en trámite de una obra mayor.

  1. El fortalecimiento de las atribuciones de la administración.

Respecto de las patentes por no uso y su procedimiento de cobro (Art. 129 bis 4 y siguientes), se propone la introducción del Recaudador Fiscal de Tesorerías en el remate de los derechos y la subrogación de la Dirección General de Aguas en los derechos del titular del Derecho de aprovechamiento de aguas no inscrito, para proceder a su embargo y remate, sin costo para el Servicio. En relación a la sequía” (Art. 314), se presenta como indicación la sustitución de épocas de extraordinaria sequía por situación de severa sequía y se exige a las Juntas de Vigilancia presentar un acuerdo de redistribución de los derechos de aprovechamiento de aguas, haciendo prevalecer el consumo humano y el saneamiento, previamente visado por la Dirección General de Aguas.

1.- Minuta elaborada por Giselle Redondo, Licenciada en Ciencias Jurídica y Sociales, Coordinadora Legislativa de Fundación Newenko & Romina Salinas, Abogada, Coordinadora Jurídica de Fundación Newenko.