Columna:

Hacia una nueva gobernanza del agua

El momento constituyente y el proceso de descentralización, son propicios para transformar el modelo de gestión del agua en Chile, ampliando el que actualmente existe –estructurado sobre la base del mercado de derechos de aprovechamiento como único poder gestor de recursos hídricos– a uno que protegiendo el ciclo hidrológico y funciones ecosistémicas del agua, garantice la preeminencia del consumo humano y usos de subsistencia.

La lógica productiva de la agricultura, necesaria para el desarrollo del país, pero también principal consumidora del agua, debe considerar a nuestro juicio, dos distinciones elementales para definir planes e incentivos hacia el futuro; en primer término cuánto del producto de esa actividad está destinada a satisfacer la demanda local, y cuánto para ser exportada; y en segundo lugar, qué actores o grupos de actores son los que proveen un mayor número de empleos. Lo anterior, en la comprensión de que un modelo institucional de gobernanza territorial del agua, con foco en el ciclo hidrológico, debiera poder adaptarse frente a los efectos del cambio climático, y a la escasez hídrica, diferenciando entre estos distintos aspectos, y con el menor impacto posible al empleo y a fuentes alimentarias a nivel local.

Si bien consideramos que nueva gobernanza del agua debe fundarse en una política pública, creemos que ésta debe construirse desde organizaciones de base, que puedan hacer gestión a través de instrumentos que consideren las especificidades de los territorios, así como de organismos multiactor, contando para ello con el financiamiento y capacidad ejecutiva necesaria para gestionar el agua con una mirada de cuenca.

El pasado 5 de mayo se publicó en el Diario Oficial la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), enmarcada dentro de la Ley sobre “Fortalecimiento de la Regionalización del País”. Este hecho marca el comienzo de una política de Estado con enfoque territorial inédita en Chile que se suma al esfuerzo de descentralización impulsado por el Estado desde comienzos de la pasada década, donde tras diversas reformas institucionales y transferencias de competencias, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades serán los principales actores formuladores y ejecutores de sus políticas, planes y programas de impacto territorial.

El objetivo de la PNDR es perfectamente coherente con lo que venimos diciendo, a saber, “mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, a través de la adopción gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles y que propicia sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil”.

Este objetivo se expresa en cuatro ámbitos: Bienestar Social; Oportunidades Económicas; Sustentabilidad Medioambiental; Cultura e Identidad. Dentro de los mismos, la PNDR enumera una serie factores que definen la calidad de vida de las personas en los territorios, donde es posible apreciar que el agua se encuentra presente en aspectos tan diversos y elementales como: vivienda y acceso a servicios básicos; pobreza, vulnerabilidad social y equidad; sistema hídrico; biodiversidad y servicios ecosistémicos; pasivos ambientales y gestión de residuos; educación ambiental y factores culturales; y riesgos de desastres y cambio climático, entre otros.

En relación con la gestión y sistemas hídricos la PNDR destaca la función de los instrumentos normativos, reglamentarios, de planificación para priorizar el consumo humano y la conservación de los sistemas acuáticos, así como propiciar el manejo integrado a nivel de cuenca hidrográfica, promoviendo infraestructura que gestione la disponibilidad de agua con énfasis en las zonas de escasez.

Tras más de diez años de funcionamiento del sistema para urgencias de camiones aljibe, y que hoy continúa afectando a casi 150 comunas del país, debemos comprender  que es el agua, y no el poder del mercado del agua, lo que debe estructurar y articular a las distintas actividades en los territorios.

El agua es un bien común, por lo que su cuidado y manejo territorial, plantean el desafío de consolidar el proceso de descentralización, así como garantizar constitucionalmente el acceso humano al agua y saneamiento como derecho fundamental para el desarrollo de la vida.

Andrés Gutiérrez Fundación Newenko
Andrés Gutiérrez
Director Ejecutivo Fundación Newenko

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