DECLARACIÓN PARA LA OPINIÓN PÚBLICA

A través de un inserto publicado el domingo 14 de julio en El Mercurio y La Tercera, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC); la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC); la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Asociación de Bancos, manifestaron que el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas sustituirá, por vía de simple ley, el régimen de propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento del agua consagrado en el Art. 19 N°24 de la Carta Fundamental, por uno de concesiones administrativas temporales, extinguibles y caducables, y sin indemnización alguna a los propietarios de derechos anteriores y posteriores a este proyecto de ley, lo que, a su juicio, es inconstitucional, además de perjudicial para el bienestar de la sociedad y las personas.

Sin embargo este argumento central en el que descansan los siete puntos del citado inserto da cuenta de una falacia argumentatitva profundamente arraigada en muchos actores relevantes en materia hídrica, que es indispensable aclarar si se quiere avanzar hacia una regulación que permita hacer frente al escenario actual de creciente escasez hídrica.

En virtud de lo anterior, Fundación Newenko, efectúa la siguiente declaración a toda la comunidad:

1.- El proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas, Boletín Nº 7543-12 se encuentra en la Comisión de Agricultura del Senado, donde recientemente, y tras desechar la posibilidad de consulta indígena al mismo, se está comenzando la votación por artículos, debate en el que además se deberá incluir la indicación que el ejecutivo haga al texto actual del proyecto de ley. De este modo, para que el proyecto se convierta en ley, aún debe discutirse la totalidad del articulado del Código de Aguas por la mencionada Comisión.

2.- El artículo 19 Nº 23 de la Constitución Política señala que no son susceptibles de apropiación privada los bienes que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Por su parte, según los artículos 589 y 595 del Código Civil, todas las aguas son bienes nacionales de uso público, y por tanto su dominio pertenece a la Nación toda. En suma, bajo la actual regulación, no hay propiedad privada sobre las aguas.

3.- En este sentido, el derecho de aprovechamiento sobre las aguas reconocido constitucionalmente, sobre el que sí existe propiedad privada, es un derecho de carácter especial por cuanto se ejerce no sobre un bien privado, sino que uno de carácter público. Es por ello, que el uso que los particulares hagan sobre las aguas debe, además de servir a sus fines privados, beneficiar a la sociedad en su conjunto, lo que es coherente con los compromisos internacionales que Chile a adoptado en materia de derecho humano al agua.

4.- El interés particular y los usos productivos no son en sí mismos contrarios al interés general de la Nación, y desde un punto de vista ético, el primero debe hacer posible la concurrencia del segundo. Sin embargo, en los casos en que haya colisión entre ambos, debe primar el interés público.

5.- En la medida en que la ley reconozca la existencia del derecho de propiedad que poseen los titulares sobre sus derechos de aprovechamiento, el Estado tiene plenas facultades para regular su ejercicio y formas de extinción, así como para limitar los ámbitos de discrecionalidad administrativa mediante el establecimiento de competencias regladas, que fijen los supuestos bajo los cuales debe entenderse que hay una privación del dominio sobre el derecho de aprovechamiento de aguas.

6.- Actualmente, más de un millón de habitantes de zonas no urbanas viven una realidad paralela a las ciudades: no tienen acceso al agua para consumo doméstico y de saneamiento, con todas las repercusiones que esto acarrea en la salud, educación, y posibilidades de acceder a estándares mínimos de dignidad. El problema anterior se ha agudizado tras 10 años de sequía, producto del cambio climático, y 8 años de discusión parlamentaria para modificar el Código de Aguas.

7.- Es necesario avanzar hacia una regulación que sea funcional al carácter de bien nacional de uso público que tienen las aguas, y acorde con los compromisos internacionales que Chile ha adoptado en materia hídrica.

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