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SÍNTESIS PROPUESTAS DEL EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 7543-12, QUE REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS1

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Sesión Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado. 18/04/2017.

Con fecha 18 de abril de 2017, el Director General de Aguas, Carlos Estévez, presentó las Indicaciones del Ejecutivo al proyecto de Ley que reforma el Código de Aguas a la Comisión especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado en el marco del segundo trámite constitucional del proyecto. Estas fueron agrupadas en cinco ejes de interés:

  1. La prioridad de uso para el consumo humano y el saneamiento, en relación con el artículo 5 bis:

  • Se sustituye el concepto de agua potable rural por servicio sanitario rural, compatibilizándolo con la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales.
  • Las aguas reservadas, podrán ser entregadas a prestadores de servicios sanitarios y, existiendo aguas disponibles, la administración tendrá la facultad de reservar aguas para usos de consumo humano y saneamiento.
  • Si el prestador fuese una concesionaria sanitaria, estas aguas (para el proceso de fijación de tarifas DFL N° 70 de 1988 del MOP) se considerarán como «aporte de terceros y tienen un coste igual a cero», es decir, no significarán un aumento en la boleta de los consumidores. A su vez, surge como obligación de los Servicios Sanitarios Rurales de informar a la Dirección General de Aguas cuando caven pozos para los usos de finalidad de subsistencia.
  1. Construyendo mayor seguridad jurídica:

  • Respecto del régimen (vigencia y duración) de los DAA constituidos con anterioridad a la vigencia de la reforma, se modifica el artículo 1° transitorio propuesto, por lo que seguirán siendo indefinidos en el tiempo (no tendrán una vigencia temporal de 30 años y no se les aplicará el artículo 6°). Los derechos (ya constituidos y nuevos) quedarán sujetos a las reglas de extinción por no uso y de caducidad por no inscripción, y se definirá un procedimiento que permita su aplicabilidad y aumente su publicidad.
  • Se modifica el Art. 2° Transitorio, referido al establecimiento de un plazo apropiado para inscribir y acreditar – bajo apercibimiento de caducidad - dicha inscripción de los derechos de aprovechamiento (ya constituidos al publicarse esta ley) en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, se establece un procedimiento que contiene dos plazos complementarios, asociados a hechos públicos y notorios, 15 meses desde la publicación de la ley para acreditar inscripción ante la Dirección General de Aguas y luego 9 meses contados desde una publicación de este Servicio del listado con todas las inscripciones de que la Dirección tendrá constancia, para que quienes allí no aparecen, acompañen copia de dominio vigente.
  • Cambio del vocablo “concesión” por “derecho de aprovechamiento”.
  • Para la renovación sucesiva de los derechos de aprovechamiento de carácter temporal, se elimina exigencia de cambio de uso espontáneo. También se propone la eliminación de la “revisión” de los nuevos derechos de aprovechamiento (por grave afectación del acuífero o de la fuente superficial) y de su obligatoriedad para los no consuntivos de más de 10 m3/seg.
  1. Fomento del Uso Eficiente de las aguas:

  • Respecto del cómputo de la extinción: Lo dispuesto en las letras e del artículo 129 bis 4 y d del artículo 129 bis (extinción por no uso), se aplicará a los DAA constituidos con anterioridad a la publicación de esta ley, a partir de su inclusión en el listado publicado al año siguiente de su entrada en vigencia.
  • Sobre las aguas del minero. Se elimina el inciso que propone que además del reconocimiento por el sólo mérito de la ley, se requiera una autorización del Servicio (carga de funciones y horas de trabajo) pero se mantiene la obligación de informar esas extracciones, las condiciones para poder ejercer el derecho y las facultades de la DGA si afectasen la sustentabilidad de la fuente natural.
  • Se incluye como causal de suspensión de la contabilización del plazo de extinción, los ajustes de la obra, diferenciándolo de un traslado propiamente tal, tratándose de una causal cuando el traslado sea una exigencia de la DGA.
  • Se plantea un aumento acotado del plazo de contabilización de la extinción del DAA. 5 años para consuntivos y 10 años para no consuntivos, tiempo que se contará desde la inclusión en el listado de patente por no uso.
  • Se establece que toda persona puede recargar artificialmente acuíferos, salvo afectación de aguas para consumo humano y normas de calidad.
  1. Protección de áreas de Importancia Ambiental y Patrimonial.

Se mantienen todas las normas de protección de glaciares, bofedales, humedales, turberas y exenciones para aprovechamientos «in situ». En materia de Caudal Ecológico Mínimo, se propone eliminar la facultad de aplicar el caudal ecológico sobre DAA constituidos en ecosistemas que el Ministerio de Medio Ambiente declare como amenazados o degradados o en sitios prioritarios y se sugiere implementar una nueva redacción para caudal ecológico en caso de traslados (en la resolución). Además, para el caudal ambiental se explicita un Permiso Ambiental Sectorial, para evitar una doble aplicación o superposición por aplicación en trámite de una obra mayor.

  1. El fortalecimiento de las atribuciones de la administración.

Respecto de las patentes por no uso y su procedimiento de cobro (Art. 129 bis 4 y siguientes), se propone la introducción del Recaudador Fiscal de Tesorerías en el remate de los derechos y la subrogación de la Dirección General de Aguas en los derechos del titular del Derecho de aprovechamiento de aguas no inscrito, para proceder a su embargo y remate, sin costo para el Servicio. En relación a la sequía” (Art. 314), se presenta como indicación la sustitución de épocas de extraordinaria sequía por situación de severa sequía y se exige a las Juntas de Vigilancia presentar un acuerdo de redistribución de los derechos de aprovechamiento de aguas, haciendo prevalecer el consumo humano y el saneamiento, previamente visado por la Dirección General de Aguas.

1.- Minuta elaborada por Giselle Redondo, Licenciada en Ciencias Jurídica y Sociales, Coordinadora Legislativa de Fundación Newenko & Romina Salinas, Abogada, Coordinadora Jurídica de Fundación Newenko.

TapiaFelipe Tapia Valencia,
Abogado, Presidente Fundación Newenko.

“Miente, miente que algo queda”, fue una frase popularizada por el jefe de propaganda del régimen nazi Joseph Goebbels, durante la Segunda Guerra Mundial con el fin de prolongar el triunfalismo alemán, cuando la derrota era irreversible. Frase meramente instrumental y carente de ética. Pero también frase que calza a la perfección en relación a lo que está sucediendo con la discusión del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (boletín N° 7543-12), actualmente radicada en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, en su segundo trámite constitucional.

En el primer discurso público de su segundo mandato, de fecha 21 de mayo de 2014, Michelle Bachelet expuso el interés de su Gobierno en fortalecer el régimen del agua ante el desalentador escenario de disponibilidad hídrica. Según declaró la Presidenta de la República en dicha oportunidad, el problema: “No se trata sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino de la sobreexplotación de las cuencas y del mal uso de los derechos de agua”1.

Es concordancia con lo anterior, en octubre de 2014 el Ejecutivo ingresó al Congreso una indicación sustitutiva a un proyecto de ley en curso desde el año 2011 que busca modificar el Código de Aguas. Los ejes de dicha indicación fueron los siguientes: a) Modificación del régimen concesional, incorporando disposiciones que buscaban transformar al derecho de aprovechamiento de aguas, en una concesión limitada (sólo para los nuevos derechos, máximo treinta años prorrogables), estableciendo la caducidad por no uso del agua y por su no regularización, y la limitación de su ejercicio en función del interés público; b) Reconocimiento del derecho humano de acceso al agua y el saneamiento y sus consideraciones ecosistémicas: esto por medio de la consagración legal de priorización de usos en el otorgamiento de los nuevos derechos, constitución de reservas de aguas y fortalecimiento de las normas en materia de caudal ecológico mínimo.

Rápidamente este proyecto encontró resistencia en las organizaciones de regantes y gremios de agricultores, quienes comenzaron a desplegar una robusta campaña comunicacional. En este sentido, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ha venido señalando, desde la presentación de las indicaciones, que esta reforma afecta la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento teniendo ésta un carácter de expropiatoria e inconstitucional al ir en contra del reconocimiento constitucional que tienen estos derechos en virtud del artículo N° 19 N° 24 inciso décimo primero de la Constitución Política de la República (“los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”)2.

Estos argumentos, se acercan más a mitos que a la realidad. Primero, en relación al eventual carácter expropiatorio, la temporalidad sólo era propuesta para los derechos que quedaban por otorgar, cuya titularidad es incierta; la mera expectativa no puede considerarse expropiada al no existir propiedad. Por otra parte, sobre los problemas de constitucionalidad estos tampoco serían tales, al permitir la misma Constitución limitaciones al derecho de propiedad, así como también al entender que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional (caso del Derecho Humano de acceso al agua y el saneamiento, no reconocido en nuestra Constitución, pero incorporado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)3.

A pesar de esta oposición, el proyecto fue aprobado en su primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, despachándose así al Senado, a su Comisión Especial sobre Recursos Hídricos Desertificación y Sequía el 22 de noviembre de 2016. Para la instancia, la comisión optó por abrir un período de audiencias públicas – las que se llevaron a cabo entre enero y marzo del presente año- donde 17 instituciones invitadas, de un total de 32, eran Juntas de Vigilancias, Sociedades o Federaciones Agrícolas.

Finalmente, el Ejecutivo cedió a la presión. El martes 18 de abril de 2017, el Director General de Aguas, Carlos Estévez, expuso 27 nuevas indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley en comento. Dentro de estas medidas, se destaca la flexibilización del carácter de temporal de los derechos de aprovechamiento, al permitirse una renovación automática de los derechos en vez de una prórroga estudiada en base a criterios técnicos, como pretendía la indicación original. En este mismo sentido, se elimina el vocablo “concesión” que buscaba entender al derecho de aprovechamiento como un permiso administrativo y no como un derecho de propiedad sobre el uso del agua. En otras materias, también se flexibilizan las reglas propuestas en la Cámara de Diputados en relación al control y fiscalización de las aguas del minero y se permite la constitución de reservas de aguas, con fines de subsistencia, a favor de empresas sanitarias.

Con estas indicaciones, estamos en presencia de un proyecto muy debilitado y que pierde su norte en relación a comprender a las aguas como un bien nacional de uso público. Sin embargo las presiones realizadas por organismos de agricultores para mantener la perpetuidad del derecho de aguas no son nuevas. Carl Bauer4, en 2002, señalaba que ya en el proceso de elaboración del Código de Aguas de 1981, la SNA presionaba para el fortalecimiento de derechos privados del agua. Luego, en la reforma que se efectuó al mismo Código- tras de 12 años de tramitación- y que se concretó en la dictación de la Ley N° 20.017 de 2005, se acordó como limitación a los derechos de aprovechamiento de aguas, el pago de una patente por no uso, en vez de una caducidad como planteaba el proyecto original. Esta circunstancia, se debió a la fuerte influencia y potente lobby de los grupos económicos representantes de sectores como la agricultura.

El dos de mayo del presente año, se retomará la discusión del proyecto de ley de reforma al Código de Aguas para la revisión de su articulado. Luego de sufrir una fuerte mutilación con recientes indicaciones presentadas por el Ejecutivo, el proyecto corre el riesgo de ser una reforma accesoria que se limite a un fin meramente declarativo. Como sociedad civil debemos instar a nuestros legisladores para que rechacen estas propuestas y velen por un proyecto que mire los urgentes desafíos que nos trae como país la escasez hídrica y la falta de agua para el consumo humano en los años venideros, mirando así hacia una mayor justicia hídrica y equidad social.

1.- Presidenta Michele Bachelet en Discurso Público 21 de Mayo de 2014, Congreso Nacional.

2.- Al respecto ver columna de opinión del Presidente de la SNA Patricio Crespo, publicada en el Mercurio el 12 de octubre de 2016 [en línea] http://www.elmercurio.com/blogs/2016/10/12/45722/Una-expropiacion-encubierta.aspx

3.- Para una mayor profundización de estos argumentos, se recomienda la lectura de columna “Derribando mitos sobre la Reforma al Código de Aguas” publicada el 21 de noviembre de 2016en blog de Radio Universidad de Chile, http://radio.uchile.cl/2016/11/21/derribando-mitos-en-relacion-a-la-reforma-al-codigo-de-aguas/

4.- Carl Bauer (2002) Contra la corriente: privatización, mercados de agua y en Estado de Chile. Editorial LOM. Pp. 76 y ss.

El agua es esencial para nuestra subsistencia y la del planeta. Sin ella no existiría la vida, ni vegetación, ni actividad productiva.  La gama de servicios que presta sin duda es muy importante, sobre todo para la especie humana: nos permite desarrollarnos, crecer y hacer sostenible la vida de nuestras comunidades. Sin embargo, tendemos a dar por sentado su disponibilidad, a pesar de que vemos a comunidades seriamente afectadas por la escasez, donde sus habitantes han tenido que migrar a otros lugares ya que no cuentan con agua para vivir y producir. Es decir que hoy en día ya tenemos en Chile migrantes productos del cambio climático y la consecuente escasez hídrica.

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Ya está disponible en el diario digital Decoop Chile la entrevista a Gloria Alvarado, la presidenta de la Federación de Agua Potable Rural (Fenapru Chile), quien detalla el desarrollo y la reciente aprobación del proyecto de Ley de Servicio Sanitario Rural (en la cual nuestra organización Newenko participó) y la importancia del acceso al agua como un derecho. Puedes revisar la entrevista completa aquí.

 

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La semana pasada el equipo de Fundación Newenko concluyó su participación en el VII Encuentro Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT que se llevó a cabo en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en San José de Costa Rica, entre los días 4 y 7 de abril.

El jueves 6 de abril, los directores Felipe Tapia Valencia y Cristián Flores Fernández participaron en el taller “Luchas y resistencias de los movimientos del agua en Chile” con la ponencia “Construcción discursiva del concepto de escasez hídrica. Efectividad y desafíos para garantizar el acceso al agua y una mayor justicia hídrica en Chile”.

En dicha mesa, también expusieron la Docente del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Valparaíso, Paola Bolados García sobre “Agua, conflicto y territorio: las resistencias ante el extractivismo en la Provincia de Petorca-Valparaíso/Chile”; el Estudiante de Doctorado en Geografía, Universidad Federal Fluminense (Brasil) Alexander Panez Pinto con “Análisis de la trayectoria de conflictos por agua bajo el Neoliberalismo maduro en Chile”; y la tesista de Doctorado en Universidad de Duisburg-Essen, (Alemania) Ilka Roose, sobre “Innovaciones sociopolíticas en conflictos de agua: Desafíos y oportunidades para comunidades rurales en un marco institucional neoliberal. Caso estudio, Petorca Chile”.

A esta mesa, también se suma la ponencia presentada por nuestra Fundación el día martes 4 de abril sobre “El área rural como ámbito de resistencia a las lógicas neoliberales sobre los servicios sanitarios en Chile. Evaluación del actual escenario a la luz de la dictación de la Ley que regula los Servicios Sanitarios Rurales.” en el marco del taller "La lucha por la democratización de los servicios públicos de agua y saneamiento: revisión de experiencias.”

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Con respecto al balance de la visita, el Presidente de Newenko Felipe Tapia señala que "Fue importante participar en el encuentro, porque no existe mucho conocimiento sobre el modelo de gestión hídrica más alla de que es un modelo eminentemente privatista. Sin embargo, es utilizado en el debate público latinoamericano como un buen modelo de gestión del agua a la hora de discutir reformas en la gestión hídrica, como es el actual caso de Costa Rica, Uruguay o México. Si bien Chile es visto como un país libre de violencia estructural y criminalización hacia los movimientos sociales, aún así tenemos casos como los los dirigentes de Modatima, en la provincia de Petorca, que han recibido serias amenazas a su integridad física en estos últimos días, por defender el agua en sus territorios."

Felipe Tapia también señalo la importancia de la integración de Newenko a la red WATERLAT-GOBACIT, "la que cuenta con la participación de investigadores y dirigentes vinculados al agua en todo el mundo."