Conversatorio: Conflictos por el Agua y la Litigación Estratégica en Perú

b254fd02-1a35-4c25-a017-6c1359538212El día de ayer, Newenko participó en el conversatorio de conflictos por el agua y la litigación estratégica en Perú, a cargo del abogado Pablo Ricardo Abdo. La actividad se realizó en el marco del curso de Derecho Ambiental de la Universidad Mayor, en donde también se contó con una activa participación de estudiantes.

En esta instancia, se presentó el actual conflicto que viven los “Uros” (Uruk), quienes son una “población Nativa”, que habita en las islas flotantes del “Lago Titikaka” desde tiempos “pre-incaicos”, su “territorio lacustre” que es su “lugar en el mundo”, es el “sitio ancestral” donde “habitan en armonía”, con la “naturaleza viviente” del “lago sagrado” , en donde están dedicados a la “casa, la pesca y la faena de la totora” (materia prima que utilizan para el mantenimiento de las islas flotantes, construcción de medios de trasporte y artesanías), conservando su modo de vida y organización originaria, pudiéndose observar en su cultura, un fuerte arraigo de identidad, en relación a la conservación de saberes, ritos, usos y costumbres, que aún se trasmiten de generación en generación.-

Se tiene que este pueblo indígena, viene padeciendo desde la década del 70, ciertos abusos, humillaciones y actos arbitrarios de parte del Estado Peruano, por el accionar indebido del “Instituto Nacional del Recursos Naturales” (INRENA), así como también de la “Reserva Nacional del Titicaca” (RNTC), donde se ha podido comprobar que algunos funcionarios, se -han esforzado- por años, en NEGAR los “derechos territoriales” de ésta comunidad nativa, tal como sucede con tantas otras.- Con todo esto, es claro que -dicha irrupción- ha lesionado gravemente el modo de vida y la cosmovisión ancestral de ésta nación originaria, que no ha hecho más que actuar en defensa de su territorio lacustre.-

El problema de in-justicia hídrica que se presentó  en este conversatorio, es la afectación o destrucción de cuatro lagunas (aguas pluviales), “El Perol; Mala; Azul y Chica”.- En consecuencia, de un lado, las dos primeras tendrán que ser vaciadas para los fines extractivos del Proyecto Minero Conga, puesto que el tajo abierto requiere del uso de grandes cantidades de agua.- De otro lado, las otras dos restantes, tiene por destino ser utilizadas como depósito para el vertimiento de los residuos y desechos del proyecto.-

De acuerdo con los “valores ecológicos, económicos y socio espirituales”, que reconoce el -derecho de aguas- en el Perú, podríamos decir a ciencia cierta; que tras LA AFECTACIÓN O AMENAZA DE LAS AGUAS PLUVIALES EN EL ÁREA DEL PROYECTO se vería vulnerado por la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad que alimentan estas aguas pluviales, causando un daño irreparable en al suelo, con relación a la tierra y la producción agropecuaria de la zona, en el aire, puesto que el -estiaje- que producirán los actos de despojo y destrucción de aguas, son los principales causales del efecto invernadero y gases tóxicos que producen el CAMBIO CLIMÁTICO, que trae como consecuencias de sequias, la esterilización de la tierra (pachamanca) y la muerte de los animales.-

Además, se vería ampliamente afectado en relación a la economía local, ya que con el despojo de las aguas y la destrucción de los ecosistemas, se perjudicaría toda la actividad económica de la zona, DONDE EL DISCURSO DE DESARROLLO Y OPORTUNIDAD DE TRABAJO QUE SE MANEJA DESDE LA ÓPTICA DE LA EMPRESA, NO PROMETE
N OTRA REALIDAD, QUE NO SEA DE DESTERRITORIALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RIVEREÑA
, mientras que no se ha tenido en cuenta los valores y criterios de desarrollo de los ciudadanos u habitantes de la zona, lo que de hecho involucra a pueblos indígenas y sus familias.

Es por ello, que Pablo Abdo - quien está vinculado con este caso directamente - señalo que  “decidieron organizarse” en la -defensa de su territorio- haciendo uso de su “autodeterminación” (Art. 89 de la constitución) , para lo cual reunidos en “asamblea comunal”, analizaron los conflictos de apropiación indiscriminada de los recursos naturales sin consultar y el hecho de que la autoridad pública, no estaba respetando los acuerdos firmados de coadministración de los mismos.-

Ya que, es manifiesto el ultraje a los derechos fundamentales de los PPII que impone el -Convenio N° 169 de la OIT- en materia de “consulta previa, consentimiento, participación en los beneficios, respeto por los valores y criterios ancestrales de desarrollo de cada cultura dentro del área de su territorio en rigor de su autonomía y régimen consuetudinario”.- Siendo extensible este problema a la población toda de la región puesto que aquí se ve afectado el derecho constitucional de participación ciudadana, petición, reclamo y protesta que en su contexto han sido fuertemente reprimidas y perseguidas por el gobierno y la empresa que se muestran como un -Leviatán- o -poder salvaje- que se considera por encima del ordenamiento jurídico constitucional que ampara los derechos fundamentales mencionados.-

Pese a ello, las autoridades mencionadas, continuaron en su posición de apropiación indiscriminada de recursos y de adoptar medidas humillantes en contra de éste pueblo nativo, que de acuerdo con las decisiones  tomadas por la “asamblea comunal”, ante un acto de irrupción como el que se produjo en su territorio en el año 2005 por parte de un guarda parque, ejercieron las facultades de “jurisdicción comunal” que les reconoce el artículo 149 de la constitución.-

Dicho acontecimiento, ocasionó una “persecución penal indebida”, que se prolongó por “10 injustos años” en contra de la población nativa Uro, que como es sabido, es producto de un plan siniestro que “pretende criminalizar los derechos de petición, de protesta, de huelga, autodeterminación de los pueblos y el fuero comunal”, cada vez que en su ejercicio, este afectado el modelo inversionista y extractivita irresponsable que protege el Estado en contra de los pueblos y del medio ambiente.-  

Sin embargo, con la ayuda de varios especialistas en el tema, Pablo Ricardo Abdo  menciona que el “Poder Judicial de la región de Puno” ha sabido escuchar la voz de los justos, revindicando los derechos de los pueblos indígenas en torno a la cuestión tierra-territorio que se discutía en éste caso emblemático en donde el Tribunal Correccional de Puno, emitió la Sentencia N° 71-Resolución N° 100-Expte. N° 3027-2005, que desde ahora integra la pequeña lista de “sentencias justas” que tenemos en el Perú en defensa de los Rompiendo el paradigma que busca proteger el extractivismo desmedido en contra de los derechos fundamentales y la autodeterminación de los pueblo originarios en nuestro país.-

como gran conclusión de esta actividad Pablo Ricardo, manifestó sentirse orgulloso, que éste pueblo originario (los Uros), nunca bajo los brazos en la defensa de sus derechos y hoy es “libre” de una “persecución injusta” que se había prolongado por 10 largos años, por el sólo hecho de “defender su territorio”, lo que es propio de una política negativa, que quiere dar el ejemplo criminalizando la protesta indígena para proteger el modelo de inversión y extractivismo desmedido.- El trabajo de ésta defensa legal estratégica, tuvo como principal actor a la comunidad nativa Uro, la cual fue acompañada por un equipo interdisciplinario, que en cada momento de su historia aporto su granito de arena para construir este buen resultad.

Por otra parte, expresa que la lucha, no ha terminado, ya que el fiscal ha llevado este caso ante la Corte Suprema de Justicia de la República, en donde esperan que “los justos, sean oídos nuevamente por esta Corte, lo que de hecho permitirá que los fundamentos obtenidos en ésta sentencia tengan el carácter vinculante que se merecen nuestros pueblos indígenas desde tiempos coloniales, hasta la fecha”.-

Esta instancia pretende ser una de varias jornadas de reflexión, en torno a la problemática, que como fundación estaremos organizando.

A continuación algunas imágenes de la actividad:13962827_1212520945465523_19419233210209591_o

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