Fundación Newenko se encuentra conduciendo el primero de los cuatro ejes fundamentales de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, sobre Gestión e Institucionalidad del Agua.

Este eje consiste en una construcción participativa de institucionalidad y gobernanza, siendo para Newenko muy relevante en esta y en todas las iniciativas en las cuales participemos, poner sobre la mesa la protección del Derecho Humano al Agua y Saneamiento.

En este contexto, el Director Ejecutivo de nuestra Fundación, Andrés Gutiérrez, estuvo conversando con Emol TV, destacando la urgencia de actuar para alcanzar la seguridad hídrica.

Aquí puedes ver la entrevista completa

Fuente: EmolTv, Jueves 06 de Agosto de 2020

 

Compartimos con ustedes la publicación lanzada junto a Heinrich-Böll el martes 23 de junio, “Servicios Sanitarios Urbanos en Chile. Revisión crítica de su gestión privatizada a partir de la crisis sanitaria de Osorno", de Cristián Flores Fernández, cofundador de nuestra Fundación.

Descargar publicación Servicios Sanitarios Urbanos en Chile. Cristián Flores

Hacia una nueva gobernanza del agua

El momento constituyente y el proceso de descentralización, son propicios para transformar el modelo de gestión del agua en Chile, ampliando el que actualmente existe –estructurado sobre la base del mercado de derechos de aprovechamiento como único poder gestor de recursos hídricos– a uno que protegiendo el ciclo hidrológico y funciones ecosistémicas del agua, garantice la preeminencia del consumo humano y usos de subsistencia.

La lógica productiva de la agricultura, necesaria para el desarrollo del país, pero también principal consumidora del agua, debe considerar a nuestro juicio, dos distinciones elementales para definir planes e incentivos hacia el futuro; en primer término cuánto del producto de esa actividad está destinada a satisfacer la demanda local, y cuánto para ser exportada; y en segundo lugar, qué actores o grupos de actores son los que proveen un mayor número de empleos. Lo anterior, en la comprensión de que un modelo institucional de gobernanza territorial del agua, con foco en el ciclo hidrológico, debiera poder adaptarse frente a los efectos del cambio climático, y a la escasez hídrica, diferenciando entre estos distintos aspectos, y con el menor impacto posible al empleo y a fuentes alimentarias a nivel local.

Si bien consideramos que nueva gobernanza del agua debe fundarse en una política pública, creemos que ésta debe construirse desde organizaciones de base, que puedan hacer gestión a través de instrumentos que consideren las especificidades de los territorios, así como de organismos multiactor, contando para ello con el financiamiento y capacidad ejecutiva necesaria para gestionar el agua con una mirada de cuenca.

El pasado 5 de mayo se publicó en el Diario Oficial la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), enmarcada dentro de la Ley sobre “Fortalecimiento de la Regionalización del País”. Este hecho marca el comienzo de una política de Estado con enfoque territorial inédita en Chile que se suma al esfuerzo de descentralización impulsado por el Estado desde comienzos de la pasada década, donde tras diversas reformas institucionales y transferencias de competencias, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades serán los principales actores formuladores y ejecutores de sus políticas, planes y programas de impacto territorial.

El objetivo de la PNDR es perfectamente coherente con lo que venimos diciendo, a saber, “mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, a través de la adopción gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles y que propicia sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil”.

Este objetivo se expresa en cuatro ámbitos: Bienestar Social; Oportunidades Económicas; Sustentabilidad Medioambiental; Cultura e Identidad. Dentro de los mismos, la PNDR enumera una serie factores que definen la calidad de vida de las personas en los territorios, donde es posible apreciar que el agua se encuentra presente en aspectos tan diversos y elementales como: vivienda y acceso a servicios básicos; pobreza, vulnerabilidad social y equidad; sistema hídrico; biodiversidad y servicios ecosistémicos; pasivos ambientales y gestión de residuos; educación ambiental y factores culturales; y riesgos de desastres y cambio climático, entre otros.

En relación con la gestión y sistemas hídricos la PNDR destaca la función de los instrumentos normativos, reglamentarios, de planificación para priorizar el consumo humano y la conservación de los sistemas acuáticos, así como propiciar el manejo integrado a nivel de cuenca hidrográfica, promoviendo infraestructura que gestione la disponibilidad de agua con énfasis en las zonas de escasez.

Tras más de diez años de funcionamiento del sistema para urgencias de camiones aljibe, y que hoy continúa afectando a casi 150 comunas del país, debemos comprender  que es el agua, y no el poder del mercado del agua, lo que debe estructurar y articular a las distintas actividades en los territorios.

El agua es un bien común, por lo que su cuidado y manejo territorial, plantean el desafío de consolidar el proceso de descentralización, así como garantizar constitucionalmente el acceso humano al agua y saneamiento como derecho fundamental para el desarrollo de la vida.

Andrés Gutiérrez Fundación Newenko
Andrés Gutiérrez
Director Ejecutivo Fundación Newenko

VIDEO SIN PRESIÓN NO HAY AGUA

En el actual contexto de crisis hídrica, en el que la falta de agua para consumo humano es un reflejo del sistema generador de abusos e inequidades que son causa de la crisis social por la que atraviesa nuestro país, creemos que es urgente rediseñar las políticas públicas en materia hídrica.

Para ello, desde Fundación Newenko proponemos que el estatuto jurídico del agua, y la noción de derecho humano al agua, deben encontrar amparo constitucional expreso y prioritario, y que dicha protección derive en un desarrollo legislativo en función del interés general de la sociedad, concepto que, desde la dictación de la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981, se ha reconfigurado en su urgencia y entidad.

Los invitamos a ver, reflexionar y compartir nuestro primer material audiovisual: “Sin Presión no Hay Agua” con el que esperamos motivar a que cada vez seamos más quienes, desde nuestras distintas actividades y miradas, contribuyamos al establecimiento de una gestión del agua equitativa y socialmente justa, entendiendo que el vital elemento debe administrarse para satisfacer el interés general de la sociedad.

Agradecemos la colaboración y participación:

Francisco Reyes
Luz Jimenes
Princesa Alba
Moral Distraída

Frente al escenario nacional actual, como Fundación Newenko declaramos lo siguiente:

  1. El reciente estallido social ha dejado en evidencia la  gran desigualdad económica, social y ambiental imperante en nuestro país, que atenta contra los derechos esenciales de la ciudadanía; y que afecta, con mayor intensidad, a aquellos sectores más desfavorecidos e históricamente marginados de la sociedad.
  2. Lo descrito anteriormente, ha sido consecuencia de una falta de conexión entre las demandas de la ciudadanía, en pos del bien común, y el ejercicio del poder político. Todo profundizado por una ausencia de educación cívica y participación ciudadana que permita representar en el mundo político las necesidades y problemas de las personas; generando así una clase política distante, poco representativa y carente de visión de los reales problemas que nos aquejan como ciudadanos.
  3. Como Fundación Newenko, tenemos la convicción de que Chile requiere un nuevo contrato social, cristalizado a través de una nueva Constitución. Esta debe ser generada a través de un proceso democrático y legitimado, que asegure la debida representación y participación vinculante de la ciudadanía.
  4. Frente a esto, apoyamos y valoramos las manifestaciones ciudadanas pacíficas, que han desembocado -por lo pronto- en el “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”, de fecha 15 de noviembre de 2019, acordado transversalmente por los representantes de diferentes partidos políticos. Instamos que este acuerdo pueda concretarse efectivamente como un necesario primer paso de un trabajo que dé respuesta a los urgentes problemas sociales.
  5. Cabe mencionar que,  desde nuestro origen, hemos mantenido como principal objetivo promover el derecho humano de acceso al agua - reconocido por la Asamblea General de la ONU en junio de 2010 e incorporado al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) – así como la gestión social del vital elemento. Lo anterior, en el entendido que un modelo de mercado del agua que tenga como fundamento la propiedad sobre su uso, promueve la inequidad social y atenta contra la dignidad humana, tal como lo hemos venido sosteniendo  desde el inicio de nuestro trabajo.
  6. Es por esto que, en el desafío social que conlleva acordar una nueva Constitución, pondremos todo nuestro compromiso,  trabajo y capacidades para conseguir que el agua sea consagrada como un elemento vital, esencial también para la preservación y conservación ecosistémica, abogando, del mismo modo, para que su acceso sea expresamente reconocido y protegido como un derecho humano esencial, priorizando el consumo humano y permitiendo dar mayor justicia a aquellos ciudadanos que no cuentan con un acceso al agua suficiente para satisfacer sus necesidades.
  7. En consecuencia, desde ya, ponemos a disposición nuestro trabajo con el fin de  generar nuevas reglas de gestión del agua en nuestra próxima Constitución. También el compromiso de todos nuestros miembros – Directorio, Equipo Ejecutivo y Fundadores- para colaborar en la construcción de un nuevo pacto social del agua en las diversas instancias políticas y sociales que se generen durante este proceso refundacional.

Santiago, 25 de noviembre de 2019.

Descargala aquí DECLARACIÓN PÚBLICA FUNDACIÓN NEWENKO

Andrés Pinto
Encargado de Seguimiento Legislativo Fundación Newenko
Hace unos meses se llevó a cabo la Conferencia de Bonn, en Alemania, en donde se establecieron los temas a tratar en la próxima COP25 a celebrarse en nuestro país durante el mes de diciembre.

Los temas convenidos por las partes fueron, en primer lugar, zanjar lo relativo al artículo 6 del Acuerdo de París, sobre el mercado de bonos de carbono, el cual empezaría a regir en diciembre del próximo año. Por otra parte se discutirá sobre el Mecanismo Internacional de Varsovia, herramienta que busca ver las acciones para enfrentar el daño y las pérdidas que genera el cambio climático. En tercer lugar se propondrán nuevas metas de reducción de emisiones y en qué se comprometen a avanzar los países participantes sobre esta materia. Por último, será la gran oportunidad para validar y utilizar el trabajo científico impulsado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), para que este sea una referencia basal a la hora de tomar decisiones.

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El martes 13 de agosto estuvimos presentes en la sesión de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, donde expusimos nuestro estudio "Escasez Hídrica: Desafíos para el consumo humano y perspectivas en Modelos Comparados".

La Comisión recibió en audiencia a nuestro Director Ejecutivo, Andrés Gutiérrez, quien expuso los resultados del estudio, e hizo énfasis principalmente en la necesidad de desarrollar la gestión hídrica con foco en Derechos Humanos.

A través de un inserto publicado el domingo 14 de julio en El Mercurio y La Tercera, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC); la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC); la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Asociación de Bancos, manifestaron que el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas sustituirá, por vía de simple ley, el régimen de propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento del agua consagrado en el Art. 19 N°24 de la Carta Fundamental, por uno de concesiones administrativas temporales, extinguibles y caducables, y sin indemnización alguna a los propietarios de derechos anteriores y posteriores a este proyecto de ley, lo que, a su juicio, es inconstitucional, además de perjudicial para el bienestar de la sociedad y las personas. ...continue reading